Inundaciones y desgobierno: el caos autonómico ante la catástrofe

Las trágicas inundaciones de Valencia, la mayor catástrofe ambiental de nuestra historia reciente, hicieron saltar las costuras de una política completamente desbordada ante las circunstancias. Tras la lluvia, el Estado había desaparecido.

Antes de la DANA, falló la prevención. Cualquier persona que haya viajado a países con riesgos climáticos se habrá percatado de que los sistemas de avisos y alarmas, tanto por los canales gubernamentales como por los medios de comunicación convencionales, preparan a la población de manera más adecuada. Es intolerable que, tras los avisos de la AEMET desde la mañana, el Gobierno valenciano lanzara la alarma cuando la riada ya había arrasado varias localidades. Treinta años de ideas y prácticas que minusvaloran las virtudes de lo público no ayudan a estar preparados ante este tipo de catástrofes.

Tras la DANA, la respuesta fue indignante. Como ya sucedió en la pandemia, se hace palpable que tenemos un modelo ineficaz. Es incomprensible que el Estado no se lance a ayudar a sus ciudadanos ante una catástrofe porque otra administración “no lo ha pedido todavía”. Si las autonomías son un freno para que todos los recursos estén a disposición desde el minuto uno quizá es hora de plantearse que la descentralización extrema ha servido para otros fines, principalmente de interés de los partidos políticos, antes que para la buena gestión de lo público. No es tolerable que los camiones de los youtubers llegaran antes que el ejército a la zona cero. La solidaridad privada es un complemento necesario pero, cuando sustituye lo que debería ser la labor de las instituciones, significa que estamos más cerca de un Estado fallido que de una democracia homologable a nuestro entorno.

Entre la descoordinación en la respuesta y la elusión de responsabilidades de unos y otros, los políticos jugaron con las víctimas de la catástrofe. Las imágenes que todos pudimos ver evidenciaron el desamparo. Faltaron medios, la respuesta fue lenta y los problemas se acumularon más allá de la inundación: decenas de miles de hogares sin gas ni electricidad, zonas enteras incomunicadas, escasez de alimentos, problemas de inseguridad y aguas contaminadas.

Ante el desolador paisaje, sorprende que el president Mazón rechazara la ayuda de los bomberos de Cataluña y Navarra o que solicitara a Defensa que empezara a mandar militares con cuentagotas para, tras un vergonzoso tira y afloja con la ministra Robles, acabar contando con diez mil efectivos que se incorporaron finalmente cinco días más tarde de lo que deberían. El escritor Santiago Posteguillo destacó esta lentitud en el relato viral de su viviencia en Paiporta aquellos días.

Un país normal, no intoxicado por el autonomismo, habría activado el mando único desde el primer momento, justificado por algo tan básico como que la tragedia también afectó a ciudadanos de otras regiones en, por ejemplo, los arrasados pueblos manchegos de Letur o Mira. Como en la pandemia, ha habido daños evitables por la demora en la respuesta y la descoordinación. No podemos tener un sistema que ante una crisis humanitaria se base en la buena voluntad, la lealtad o la confianza. El Gobierno central sin actuar deseando que le pidan ayuda para desgastar al contrario y el autonómico sin pedirla para no evidenciar su mala gestión. Ambos pensando de manera partidista. Con decenas de desaparecidos y desabastecimiento un país funcional declara y centraliza la gestión única ante la incapacidad de una comunidad autónoma para abordar la situación.

Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional señaló que la legislación española sobre catástrofes (la legislación sobre el Estado de Alarma y la Ley de Seguridad Nacional) atribuyen al Gobierno de España la competencia exclusiva para situaciones como la DANA. Estamos hablando de unas riadas más devastadoras que muchas situaciones de guerra, las competencias del Estado central para estos casos son irrenunciables y de obligatorio ejercicio. Una vez más, en el proceso de degradación democrática en el que estamos inmersos, la ley es retorcida por la vía de los hechos por intereses de los partidos políticos. Si no declaras la emergencia nacional con más de 200 muertos, cientos de miles de personas afectadas y ciudades enteras arrasadas por meses con lo que supone para la salud, la economía o la seguridad, ¿cuándo se declara?

En las inundaciones de Bilbao de 1983, también destructivas pero de una magnitud menor, con muchos menos medios técnicos de los que contamos en la actualidad, se movilizaron 2000 soldados en 48 horas y 10.000 en 72. Cuarenta años más tarde la respuesta del Estado a una catástrofe ha sido más lenta, menos coordinada y más ineficaz.

Cuatro días después de las lluvias, el presidente Sánchez admitió que la “respuesta fue insuficiente”, que hay que “apoyar a las Comunidades Autónomas” y que “ya habrá tiempo de hablar de negligencias y depurar responsabilidades”, pero ni rastro del mando único de la gestión de la crisis, como si no fuera cosa del gobierno de la nación, como si fuera presidente de un Estado confederal con cada región abandonada a su suerte y no presidente de un país unido.

Si el Estado es quien tiene más recursos para poner a disposición de los afectados, ¿por qué no lo hace? ¿Tiene algo que ver el modelo de gobierno plurinacional y descentralizado en el que llevamos profundizando años? ¿Tiene algo que ver la agenda de los nacionalistas que sostienen al ejecutivo, encantados con una España ingobernable? El juego está claro: entorpecer el funcionamiento normal del Estado para luego lanzar quejas hipócritas de que España no funciona. Tras la pandemia y la DANA, ¿vamos a volver a caer en los mismos errores sosteniendo un modelo que destroza el país?

Urge dar respuestas en la dirección adecuada que traigan reformas para afrontar la próxima crisis con garantías y para ello hay que renunciar a los dos mitos que han agravado esta tragedia: el neoliberal, que sin Estado vivimos mejor; y el confederal, que el caos autonómico tiene algo de positivo. Pese a que nuestro Estado social y democrático de Derecho está cada vez más degradado es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente no sólo a este tipo de emergencias nacionales, sino también a los problemas sociales del día a día. Un Estado débil atacado por arriba por las privatizaciones y desregulaciones y por los lados por el autonomismo insolidario no es útil ni una garantía para el bien común.